¡Que viva el rey, que muera la ley!
Por Bernardo Ramírez del Valle
CEPENSAR CARIBE
En las festividades saturnales de la antigua Roma, antecedente más remoto de las actuales fiestas carnestoléndicas, el “Rey de Burlas” constituía el mandatario de un Estado excepcional en el que los esclavos mandaban sobre sus amos, actuando éstos como criados suyos, y ejercían las más altas magistraturas con la única y divertida finalidad de trasgredir la ley; una especie de mundo al revés en el que el relajo, el berroche, la ridiculización y la burla a los humildes y sometidos constituían las más perversas formas de diversión de las clases pudientes. Pues bien, igual que los “reyes de burlas” existen “leyes de burlas”, es decir, normas que expiden reyes y presidentes “de verdad verdad” pero con el único propósito de que no se cumplan. Leyes como la 1454 del 28 de junio de 2011, orgánica del ordenamiento territorial en Colombia, que finalmente se expidió tras un pacto electoral entre los ciudadanos de la región Caribe colombiana y el hoy Presidente de la República Juan Manuel Santos, precedido de un mandato popular de más de 2,5 millones de votos (14 de Marzo). Una ley que en su momento no dudamos en darle el apelativo de “chimba” para parodiar al pensador guajiro Amílkar Acosta que la tildó de “inicua, inocua y vacua”.
En efecto, a menos de un mes de ser expedida con rimbombantica prosodia gubernativa la LOOT, ésta quedó convertida en un saludo a la bandera, en una auténtica ‘ley de burlas’, ante la expedición del Acto Legislativo 05 del 18 de julio de 2011 y del decreto-ley 4923 de diciembre del mismo año, que modificaron el Sistema General de Regalías. Estas normas no sólo dejaron por fuera a las RPG (Regiones de Planificación y Gestión) como órganos decisorios para la priorización de los proyectos de impacto regional a ser financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Territorial, como lo dispone la LOOT, sino que eliminaron de un solo tajo la instancia REGIONAL de la planificación del desarrollo, y desconocieron la existencia de las regiones como realidades territoriales del país.
En efecto, el artículo 19 de la LOOT establece que “las Regiones de Planeación y Gestión serán los mecanismos encargados de planear y ejecutar la designación de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (...)”, lo que viabilizaba, por lo menos, un esquema de integración regional incluido por el propio DNP en el proyecto de ley, que si bien no fue de buen recibo para quienes participamos en la redacción de esta norma, por lo menos resultaba ser un paliativo (o “peor es ná”) ante el fracasado intento de operativizar las RAP y las RET, de creación constitucional. Pero la reforma centralista al régimen de las regalías sepultó completamente cualquier posibilidad real de contar con una instancia de concertación y decisión regional al consagrar que no eran las RPG sino los “órganos colegiados de administración y decisión” los que priorizan los proyectos de impacto regional a financiar con los recursos del Fondo de Desarrollo Territorial, órganos éstos, por supuesto, controlados por el Gobierno Nacional. Sin darnos cuenta, unos por el desinterés y la decepción que nos produjo la aprobación de una LOOT sin RAP ni RET, y otros por la distracción producida por la inminente aprobación del acto legislativo modificatorio del régimen de las regalías, el centralismo bogotano nos borró de un tajo las poquitas conquistas logradas tras veinte años de lucha autonomista.
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Bernardo Ramírez del Valle
Centro de Pensamiento Regional del Caribe Colombiano
Cel. 3103671545 - 3162777695
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